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Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo, tres exministros y más de 20 congresistas por caso ‘Los Niños’

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Según la Fiscalía, el expresidente Pedro Castillo lideró una red criminal conformada por 15 congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y nueve parlamentarios de la bancada de Perú Libre y del extinto Bloque Magisterial.

La Fiscalía de la Nación presentó este viernes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo y 24 parlamentarios por supuestamente haber integrado una red criminal encargada de negociar votos en el Parlamento a cambio de licitaciones y contrataciones públicas en ministerios y organizaciones estatales.

La denuncia fue presentada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castillo Terrones fue el líder de una red criminal presuntamente compuesta por 15 congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y nueve de las bancada izquierdista de Perú Libre y del extinto Bloque Magisterial.

La denuncia constitucional también alcanza a sus exministros, como el prófugo Juan Silva, titular de Transportes y Comunicaciones; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción; y Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros y titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La Fiscalía imputa a Silva el delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, mientras que a Prado le atribuye organización criminal y negociación incompatible, y a Chávez se le acusa de negociación incompatible.

¿Cómo habría operado la red presuntamente liderada por Castillo?

Según la investigación, la supuesta red negociaba votos parlamentarios a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, así como en organismos descentralizados como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.

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