Según el Observatorio de Minería Ilegal, la Ley MAPE, impulsada sin el debido debate técnico por el Congreso, busca perpetuar un modelo de minería sin fiscalización efectiva ni control estatal. Esta norma permitiría incluso el uso de ríos, lagos y quebradas para actividades mineras informales, como ya ocurre en varias regiones del país.
En Puno, por ejemplo, la situación es crítica. En zonas como La Rinconada, Ananea, la cuenca del río Suches y el río Ramis, las actividades mineras ilegales han contaminado cuerpos de agua con mercurio y cianuro, afectando tanto a las comunidades como a los ecosistemas altoandinos. Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), esta región concentra aproximadamente el 20 % de las denuncias fiscales por delitos ambientales del país, con más de 600 investigaciones abiertas por minería ilegal.
El caso de la cuenca del río Ramis es emblemático: desde hace más de una década, comunidades de Azángaro, San Antón, Crucero y
Potoni han denunciado que el río Ramis y sus afluentes están contaminados por relaves mineros ilegales e informales, provocando la muerte masiva de peces y ganado y afectando la salud de los habitantes que dependen de esas aguas para consumo y riego. Incluso en 2010 y 2011 se produjeron violentas protestas y bloqueos exigiendo al Estado acciones para frenar la contaminación y remediar los daños, sin que hasta hoy se resuelva el problema.
Hace cinco años, en Cusco, el alcalde de Chamaca, Antonio Huamán Arias, denunció la contaminación del río Velille por mineros ilegales, una situación similar a la que se vive en Puno. La minería informal allí se ha intensificado, utilizando maquinaria pesada, toneladas de insumos químicos y ocupando terrenos cercanos a fuentes de agua.
En Puno, además, el caso del proyecto minero Santo Domingo, en la provincia de Chucuito, mostró cómo la presión de los intereses mineros puede ignorar las preocupaciones ambientales y sociales. La empresa titular intentó iniciar operaciones en un ecosistema frágil, generando protestas de las comunidades que temían por la afectación de bofedales, ríos y pastizales fundamentales para su subsistencia. El proyecto fue paralizado tras conflictos y cuestionamientos por la falta de consulta y estudios de impacto ambiental adecuados.
La nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), impulsada por el Congreso, agrava este escenario. De acuerdo con el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la norma no soluciona el problema, sino que lo profundiza: permitiría el uso de ríos, lagos y quebradas para minería informal y perpetuaría la ausencia de fiscalización efectiva. «Estas medidas fomentan la impunidad, la contaminación con metales tóxicos como el mercurio y el debilitamiento del Estado de derecho», señalaron en un pronunciamiento ocho organizaciones ambientales, entre ellas ECOAN, DAR y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.
El OMI advierte que algunos congresistas y los mineros informales presionan para aprobar la Ley MAPE por la vía rápida, evitando un debate amplio en el Pleno. Tal como está redactada, esta ley contraviene el artículo 68 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger el ambiente y los recursos naturales.
Semanas atrás, el observatorio presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso diez medidas para frenar la minería informal e ilegal. Entre ellas, diferenciar claramente entre minero artesanal, informal e ilegal; fiscalizar las plantas de beneficio que lavan mineral sin control; exigir planes ambientales antes de iniciar operaciones; y delimitar zonas intangibles para la minería, como áreas naturales protegidas, ríos y territorios indígenas. También propuso eliminar el uso del mercurio para 2030.
En regiones como Puno, donde la minería ilegal ya ha devastado la cuenca del río Ramis, la del Suches y amenaza bofedales y glaciares, la aprobación de una ley como la MAPE podría perpetuar la destrucción ambiental y la impunidad que ya sufren las comunidades.