El expresidente Martín Vizcarra enfrentará este miércoles 25 de junio una audiencia presencial en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en la que se evaluará el requerimiento de prisión preventiva por seis meses en su contra, solicitado por el Ministerio Público.
La diligencia ha sido fijada para las 11:30 a. m. en la sede judicial ubicada en la avenida Tacna, Cercado de Lima.
La medida ha sido solicitada por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Tercer Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y corresponde a la investigación seguida contra Vizcarra por presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
Los proyectos involucrados
Los hechos que motivan el pedido fiscal se remontan a la época en que Vizcarra se desempeñaba como presidente regional de Moquegua. En ese contexto, se le imputa haber favorecido presuntamente a determinadas empresas a cambio de sobornos en dos obras públicas:
Proyecto Lomas de Ilo: Se le atribuye haber recibido un millón de soles de parte del consorcio Obrainsa-Astaldi, a fines de 2013, para que estas empresas sean beneficiadas con la adjudicación del proyecto “Construcción de la Línea de Conducción N.° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa”.
Hospital Regional de Moquegua: En este caso, la Fiscalía señala que Vizcarra habría recibido un soborno de S/ 1.3 millones, parte del cual habría sido entregado por el ejecutivo Rafael Granados, representante de ICCGSA, a través del exministro José Hernández, como contraprestación por facilitar la obra “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2”.
La solicitud de prisión preventiva, por seis meses, se enmarca dentro de las medidas coercitivas que el Ministerio Público considera necesarias para evitar una posible obstrucción a la justicia o fuga del investigado, así como para garantizar el desarrollo del proceso penal.
La audiencia será presidida por el juez Víctor Alberto Alcocer Acosta, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Según la resolución judicial, el debate se centrará en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y la justificación del peligro procesal que permitiría sustentar la medida privativa de libertad contra el exmandatario.