El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las cirugías de la presidenta Dina Boluarte concluye que la mandataria estuvo incapacidad temporalmente para ejercer el cargo tras sus cirugías y que omitió informar sobre su intervención al Congreso. El texto será votado este miércoles a las 9 de la mañana.
La Comisión de Fiscalización sostiene que del análisis realizado a este caso se concluye que la duración de las cirugías y los días en que estuvo hospitalizada «permiten afirmar que la mandataria experimentó un periodo de incapacidad temporal médica, cuya duración, considerando los estándares clínicos y la necesidad de reposo (…), ha oscilado durante el periodo del 28 de junio al 4 de julio del 2023».
Y recalca que la presidenta no informó sobre sus cirugías al Congreso y tampoco sobre su incapacidad temporal de ejercer el cargo, tras la intervención a la que fue sometida. «Esta omisión es relevante en la medida en que la Constitución establece procedimientos claros para la sucesión temporal del mandato en caso de impedimentos que afecten el ejercicio de la función presidencial», añadió.
«La omisión de informar al Congreso sobre la situación médica de sometimiento a intervenciones quirúrgicas que conllevaron a una incapacidad temporal para el ejercicio de la función presidencial, constituye una infracción grave que configuraría el presunto delito de omisión de funciones, al impedir deliberadamente la activación de mecanismos institucionales de control», enfatizó la comisión.
Recomienda evaluar infracciones y vacancia de Dina Boluarte
El informe, en primer lugar, solicita facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso. Segundo, una reforma del reglamento parlamentaria para contar con facultades permanentes de indagación. Tercero, evaluar las infracciones constitucionales que habría cometido la presidenta.
«Frente a los hechos expuestos, corresponde al Congreso, evaluar de manera objetiva, técnica y política si las acciones y omisiones atribuibles a la presidenta Dina Boluarte, configuran una situación de incapacidad moral permanente», sostuvo el informe.
«Dada la multiplicidad, gravedad y reiteración de estos hechos (…), el Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de una vacancia», agregó.