La Corte Suprema ha programado para el próximo 6 de junio la fecha de calificación del recurso de casación interpuesto por el procurador público del Ministerio del Interior (Mininter), en contra de cinco dirigentes puneños acusados de entorpecer el funcionamiento de servicios públicos en el año 2011, durante el sonado caso del “Aymarazo”.
Han pasado 14 años desde el inicio del proceso judicial conocido como el “Aymarazo”, que se inició tras las protestas de pobladores del sur de la región en contra de un proyecto minero. Aquel año se bloquearon vías de comunicación y se produjeron otros actos de protesta. El caso empezó con 49 imputados, entre dirigentes, tenientes gobernadores y habitantes de la zona sur de Puno, pero llegó a la etapa de juicio oral, el año 2017, con solo 19 acusados.
En el año 2019 todos fueron absueltos, excepto el exlíder aimara Walter Aduviri. Sin embargo, el Mininter apeló la decisión inicial y el caso llegó en 2022 hasta la máxima instancia: la Corte Suprema, ente que, tras tres años, programó la lectura de sentencia para este 6 de junio.
En este nuevo proceso son cinco los dirigentes acusados: Rufino Machaca Quinto; Javier Pari Sarmiento; Walter Aduviri Calisaya; José Aurelio Cupi Claros y Patricio Illacutipa Illacutipa.
CÁRCEL Y REPARACIÓN
“Están pidiendo entre 30 a 35 años de cárcel y una reparación civil de dos millones de soles. Eso seguro va a ocurrir. Lamentablemente con el sistema que tenemos se puede esperar cualquier cosa. Hemos visto que a nivel nacional varios dirigentes han sido condenados”, sostuvo uno de los imputados, José Cupi.
Dijo que una semana antes de que estallara el conflicto, en 2011, él viajó a Cusco donde lo operaron por un problema de salud y una semana después cuando quiso volver a Puno, las carreteras estaban bloqueadas.
“He presentado certificados médicos, incluso se recibió la declaración del doctor que me operó, boletas y demás”, agregó. Pese a ello, lo sindican como uno de los azuzadores en este conflicto.
Cupi relata que antes de que ocurra el conflicto, él era la única persona autorizada para filmar y tomar fotos en la zona sur, dado que, en ese entonces tenía un programa televisivo y la población le había confiado la difusión de lo que ocurría en la zona. Eso fue tomado como argumento por la Fiscalía para acusarlo.
“Esta es una criminalización a la protesta. El Estado quiere encarcelar a dirigentes para que no se convoquen a más movilizaciones», finalizó.