Ante el anuncio del viaje de Dina Boluarte al Vaticano para la misa del inicio del papado de León XIV, la asociación de familiares de los 50 civiles fallecidos durante las protestas sociales del 2022 y el 2023 reporta que envió una carta de denuncia al sumo pontífice. En esta denuncian que el gobierno actual promulgó leyes que favorecen la impunidad ante los hechos, que fueron catalogados como crímenes contra los derechos humanos por diversos organismos internacionales.
“Estos crímenes fueron ocasionados por armas de fuego disparados por miembros del ejército y la policía, bajo el mando de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros. Desde que ocurrieron estos hechos nuestra vida cambió y se ha tornado a la fecha en un martirio permanente debido a que el Estado nos lastimó y aun viene haciéndolo hasta la fecha. En vez de garantizarnos justicia, ha realizado actos que nos afecta como víctimas de violación grave a los derechos Humanos”, señala la misiva.
Raúl Samillán, presidente actual de la Organización Nacional de los Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022 y 2023, detalló que la misiva fue entregada a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en el Perú el último 15 de mayo, a fin de que la misiva llegue hasta el Papa León XIV.
“Esperamos que desde el papado puedan interceder por nosotros ante las autoridades judiciales, autoridades de las instituciones autónomas y poderes del Estado peruano para así poder alcanzar justicia”, indicó Raúl a El Comercio, quien también es hermano del médico asesinado en Puno, Marco Samillán.
En total son tres puntos que reportan los familiares de las víctimas como hechos relevantes ocurridos durante el gobierno de Boluarte. En primera, cuestionan la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que permitió la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. La asociación alerta que este hecho es un mal precedente para futuros procesos judiciales por hechos similares.
La segunda acción del Ejecutivo reportada es la ley que impulsó el Congreso, para impedir que continúen los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas del orden por crímenes y otros delitos similares cometidos durante los años del conflicto armado interno de los ochenta y noventa.
En tercer lugar, los familiares dan cuenta de la llamada ley APCI, impulsada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte, la misma que impide que organizaciones civiles sin fines de lucro que brindan patrocinio gratuito a los familiares de las víctimas de delitos contra los derechos humanos, demanden al Estado peruano.
Pedimos a usted, Santo Padre, que interceda por justicia para nosotros; ahora más que nunca necesitamos de su ayuda”, se lee al final de la misiva, la misma que también fue compartida entre la comunidad de peruanos en Roma.
Como se recuerda, si bien se reportaron actos violentos por parte de manifestantes, entre los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte también se hallan menores de edad que no participaban en las manifestaciones, brigadistas médicos e incluso adolescentes que solo transitaban por las calles.