César Quispe Calsín, abogado de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, denunció que el caso sobre los fallecidos en las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, registradas en 2023 en Juliaca, se encuentra estancado debido al constante relevo de fiscales, que ya suma seis cambios desde el inicio de las investigaciones.
Según indicó, estos cambios no solo generan múltiples injustificaciones en el proceso, sino que además contradicen compromisos asumidos por el titular de la Fiscalía de la Nación.
“Cada fiscal nuevo debe comenzar prácticamente desde cero, revisan más de 90 tomos de documentación acumulada por su antecesor, lo que afecta gravemente la continuidad y el avance del caso (…) Eso viene perjudicando terriblemente a las investigaciones (…)”, lamentó.
El letrado explicó que las investigaciones han transitado por tres etapas: la primera, bajo la gestión de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides, durante la cual se registraron hasta cinco cambios fiscales; luego, con la llegada de Juan Carlos Villena, se logró cierto avance; y actualmente, con Delica Espinoza, se ha producido un nuevo relevo.
“Con Benavides hubo hasta cinco cambios. Con Villena sí hubo avances. Ahora, con Espinoza, nuevamente nos están cambiando de fiscal. Esta situación es insostenible”, afirmó.
REUNIÓN
Agregó que en las últimas 48 horas se sostuvo una reunión con los familiares de las víctimas, donde se acordó exigir al Ministerio Público que no se realicen más cambios en el equipo fiscal, debido al impacto negativo que esto tiene en la búsqueda de justicia.
INVESTIGACIÓN
El abogado señaló además que las investigaciones han permitido identificar la cadena de mando involucrada en los hechos del 9 de enero. Precisó que en Juliaca ya se ha citado a 19 efectivos: 16 miembros de la Policía Nacional y 3 del Ejército, y se está trabajando en la ampliación de sus declaraciones.
“La investigación preparatoria debe culminar en septiembre de este año”, mencionó.