En la edición anterior develamos un siniestro e irregular negociado, efectuado en la carretera Pomata – Yorohoco, que ejecuta el Gobierno Regional Puno (GRP), ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia.
El 31 de enero de 2025 se suscribió el Contrato 21-2025-AS, para la compra de 3500 metros cúbicos de piedra chancada, agregado que serviría para el segundo tramo. La compra demandó una inversión de 413 mil soles, de piedra chancada selecta, puesta en obra a todo costo y con características especiales, triturada en un cono.
La empresa Representaciones Ismael EIRL, debió realizar una primera entrega de 2000 m3 el 15 de febrero, pero no cumplió. Este medio se trasladó hasta el campamento del GRP ubicado en el centro poblado Tarapoto (Pomata), a donde divisamos escaso material que los comuneros aseguraron que eran rezagos del año pasado.
Luego fuimos a la cantera de Huacahuma (Yorohoco-Huacullani), donde además de maquinarias del Gobierno Regional Puno (GRP) se encuentra una pequeña chancadora color azul, que según los lugareños fue llevada por la empresa Ismael EIRL. ¿Qué hacía allí si es que debería llevar material a la obra a todo costo, desde otra cantera?
CAYÓ LA FISCALÍA
Para dilucidar esta y otras preguntas, ayer intervinieron dos equipos de la Fiscalía Anticorrupción de Puno. Las intervenciones se hicieron de manera paralela, en la obra (Pomata y Yorohoco) y en las oficinas del GRP en Puno.
Trascendió que se incautaron documentos y que otros fueron negados, alegando que no los tenían a la mano, cuando estos debieron estar en obra.
TREMENDO RESIDENTE
Uno de los presuntos responsables del festín es el residente de obra de la referida carretera, Edgar Andrés Lupo Estrada, quien de acuerdo a la búsqueda en el Ministerio Público, atesora doce investigaciones fiscales, ocho de ellas como denunciado y cuatro como imputado. Los delitos que enfrenta son graves, que se han ventilado en San Román, Melgar, Azángaro y en despachos de Puno.
Los cargos van desde conducción en estado de ebriedad, peculado, malversación de bienes públicos, usurpación de funciones y dos sentencias.
El 18 de abril de 2023 fue sentenciado por concusión, en su modalidad de defraudación patrimonial al Estado, en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno; y otra condena fechada el 5 de junio de 2018, por colusión desleal, en el mismo despacho.
El 25 de febrero de 2025, acaba de pasar por una audiencia de apelación donde afronta cuatro delitos: colisión por defraudación, colusión desleal, contra la administración pública y peculado.
Tratamos de comunicarnos con él, pero no respondió nuestras llamadas.
EN LA CUERDA FLOJA…
El titular de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), Jorge Limachi Mozo, indicó que la situación del referido funcionario es complicada y sostuvo que su permanencia o no depende de su jefe inmediato que es la Subgerencia de Obras. «El resto está en investigación», expresó.