Mediante Resolución Ministerial 1851-2024-IN, el titular de la cartera del Interior, Juan José Santiváñez, ordenó el ascenso del comandante PNP Segundo Ocampo Aguirre, involucrado en las muertes de las protestas registradas en Juliaca entre diciembre de 2022 y febrero 2023.
El ascenso excepcional, fundamentó el documento, es por haber participado en el Baguazo registrado el 25 de mayo de 2009. En dicha asonada la Policía Nacional del Perú se enfrentó a diversas comunidades indígenas, lo que desencadenó la muerte de 33 personas, de las cuales 23 eran policías y 10 eran civiles.
¿ACCIÓN DISTINGUIDA?
«Otorgar ascenso excepcional, por la causal de acción distinguida, al grado inmediato superior (…) Disponer que la secretaría ejecutiva de la PNP adopte acciones correspondientes a efectos de dar cumplimiento», dice la resolución que obtuvo este medio.
¿Y LA MASACRE?
El 20 de julio, el Ministerio Público formalizó dos nuevas investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte y los policías que participaron en las muertes de Apurímac y Puno. Los cargos son por delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad.
La primera investigación es por la ‘masacre’ ocurrida cerca del aeropuerto Inca Manco Cápac, en Juliaca, donde cuatro fueron baleados. En este caso se formalizó la denuncia contra el comandante PNP Segundo Martín Ocampo Aguirre, quien es acusado de lesiones graves y abuso de autoridad.
El segundo caso se centra a los hechos relacionados del 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros, en Apurímac. En este enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales, falleció el menor de iniciales R.P.M.L. y dos personas más resultaron heridas. Este caso involucra a varios oficiales, incluyendo al excomandante general Raúl Enrique Alfaro Alvarado y al exjefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Jesús Flores Solís.
ES UNA AFRENTA
El abogado de los deudos y víctimas de la ‘masacre’ en Juliaca, César Quispe Calsín, dijo que ello era una afrenta.
«Manifestamos nuestra absoluta indignación por este tipo de premios a quienes están involucrados en las masacres. La Fiscalía los investiga por homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves; estos ascensos a todas luces no responden a sus propios argumentos de la misma resolución, sino a la necesidad de tener a gusto a los perpetradores de graves violaciones de Derechos Humanos», expresó.