La fiscalía de Ecuador investiga la desaparición de cuatro adolescentes en Guayaquil durante un presunto operativo militar. Esto en medio de denuncias de abuso de la fuerza en un caso que ha desatado la indignación en el país.
«Respecto al presunto secuestro de 4 personas menores de edad –en el que estaría involucrado personal militar– la fiscalía informa que el caso ha sido trasladado a Quito y estará a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza«, señaló la fiscalía en su cuenta de X.
Los adolescentes de entre 11 y 15 años desaparecieron el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, a donde habían ido a jugar fútbol, pero la fiscalía indicó a la AFP que no informó en su momento del caso «para no entorpecer las acciones investigativas«.
Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.
Luis Arroyo, padre de los hermanos Josué e Ismael, relató al canal Ecuavisa que tras la desaparición recibió una llamada de un hombre que puso a uno de sus hijos al teléfono. El joven le explicó que hombres vestidos de militares se los habían llevado.
«Se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire, nos maltrataron y nos dejaron botados» le dijo Ismael a su papá, según relató al medio.
El padre pidió al hombre que los contactó que mantuviera a los muchachos con él, pero este se negó. Desde entonces no han sabido nada de los cuatro.
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El caso ha desatado indignación. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado antes serias violaciones de derechos humanos en el marco de la declaratoria del conflicto armado interno, que le permite al Gobierno desplegar a las fuerzas armadas en las calles y las cárceles para librar su guerra contra el crimen organizado.
El Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil señaló en su cuenta de X que presentó una demanda de habeas corpus y pidió «una acción urgente al grupo de trabajo de desaparición forzada de ONU«.
Además, solicitó que el caso sea investigado como una «desaparición forzada y no como un presunto secuestro«.