La presidenta Dina Boluarte anunció que en 2025 se asignará un “presupuesto histórico” de más de 16,300 millones de soles para reforzar las acciones de patrullaje, la lucha contra el tráfico de drogas y el mantenimiento de comisarías y unidades especializadas.
“Se adquirirán vehículos, chalecos antibalas y sistemas biométricos que permitirán una respuesta más rápida a la ciudadanía”, agregó.
Boluarte subrayó la importancia de la seguridad ciudadana como una tarea que compromete a todos los sectores de la sociedad.
“Nosotros apoyaremos siempre a la PNP y a los nuevos policías que hoy se gradúan. En ustedes depositamos nuestra confianza. Lleven siempre con orgullo el uniforme que visten”, expresó.
Previamente, también en un acto oficial, declaró que su gestión tiene “las manos limpias” y no se deja influir por las encuestas. “No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, sino para disminuir la pobreza y la pobreza extrema en nuestra patria”, apuntó.
La jefa de Estado cierra el 2024 con una aprobación del 3% y un rechazo del 95%, según la última encuesta de Datum Internacional. Su gestión ha generado un descontento generalizado, especialmente en el centro y sur del país, donde su aprobación apenas alcanza el 1% y 2%, respectivamente. Además, su gabinete encabezado por el premier Gustavo Adrianzén no muestra mejoras, y el rechazo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, subió al 80%.
Dos años en medio de investigaciones
Desde su llegada a la presidencia, Boluarte ha enfrentado múltiples investigaciones judiciales por diversos casos de corrupción, abuso de poder y encubrimiento. La primera pesquisa fue por los delitos de homicidio y genocidio durante las protestas de 2022-2023, aunque el Congreso archivó la denuncia inicial.
También enfrenta una investigación por cohecho y enriquecimiento ilícito relacionada con relojes de lujo no declarados. Además, se le investiga por presunto encubrimiento a su antiguo líder político, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo desde que el Poder Judicial lo condenó a prisión.
El último escándalo involucra una cirugía estética realizada el año pasado, que llevó a la apertura de un expediente por abandono de cargo, ya que no informó al Congreso de su baja médica durante la convalecencia.