Hoy, a partir de las 10:00 horas, a través de la Sala Plena, se elegirá al presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno (CSJP), para el período 2025 – 2026. El presidente de la Sala Laboral de Puno, Benny José Álvarez Quiñonez, y el presidente de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Puno, Javier Hilbert Arpasi Pacho, son los aspirantes al máximo cargo de la institución.
El plan de gestión de Benny Álvarez, contempla ocho ejes estratégicos; entre los que se destaca la autonomía del Poder Judicial, frente a los demás Poderes del Estado y poderes fácticos, con jueces independientes.
Además de coadyuvar en el fortalecimiento de los mecanismos de control en el Distrito Judicial con la finalidad de prevenir los actos de corrupción. Disminuir la carga procesal. Mejorar la gestión interna de la CSJP, articulando sus órganos administrativos. Fortalecer la capacidad institucional a través de la capacitación, investigación, sistematización de jurisprudencia y la difusión de estadísticas.
Impulsar una adecuada gestión de recursos humanos, incentivando las potencialidades y capacidades laborales de magistrados y servidores. Establecer mecanismos para que la población acceda fácilmente a los servicios de justicia con calidad y rostro humano. Y el fortalecimiento de la gestión de la seguridad ciudadana en la región.
“Mi compromiso es liderar la Corte Superior de Justicia de Puno, de manera proactiva, eficiente y transparente, haciendo que cada uno de nuestras líneas de acción se orienten a satisfacer la necesidad esencial de la ciudadanía de un servicio de justicia, rápida, oportuna y confiable, para lo cual necesitamos consolidar una institución con valores y una cultura organizacional moderna y de excelencia”, sostuvo.
Mientras que, Javier Arpasi, propone siete objetivos estratégicos institucionales, entre los que destaca el fortalecimiento en la celeridad de la administración de justicia. El fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad.
Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales. Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad. Fortalecer el desarrollo de la transformación digital en el poder judicial. Modernizar la gestión institucional. Finalmente, implementar la gestión de riesgo de desastres.
“Se tiene como fin, que nuestra Corte Superior, logre mayor eficiencia y transparencia en el servicio Justicia, asegurando que sea accesible, moderna, rápida y confiable, así como ser una Corte líder a nivel nacional”, señaló.