La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó este martes una serie de modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas. Según uno de los cambios, los peruanos ahora pagarán los honorarios de los abogados contratados para la defensa de los dueños de los partidos políticos.
Dichos pagos, según el dictamen aprobado, serán efectuados a través del financiamiento público directo. Es decir, esta modificación autoriza a los grupos políticos que actualmente reciben dinero del Estado para que puedan usar dichos fondos para pagar a los abogados que ejercen la defensa de sus líderes, cuando estos se encuentren investigados o procesados.
La norma actual establece que los partidos pueden usar hasta el 50% del dinero público que reciben para la adquisición de inmuebles, bienes y la contratación de servicios. De hecho, partidos como Fuerza Popular ya habían usado parte del fondo público para el pago de abogados en general.
Sin embargo, lo aprobado hoy establece de manera más directa que el dinero público podrá ser usado para pagar “servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política (así) como a sus directivos, representantes y voceros”.
El dictamen no establece ningún límite, sobre en qué tipo de procesos o investigaciones procederán los pagos con dinero público para los abogados de los directivos o dueños de los partidos.
La reforma surge en un contexto en el que los principales líderes de los grupos políticos con poder en el Congreso enfrentan investigaciones o procesos, como es el caso del prófugo sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón (Perú Libre) o la procesada por organización criminal y lavado Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
El texto fue aprobado en la Comisión de Constitución y ahora debe pasar al pleno del Congreso para el debate y votación final.