El Congreso aprobó una controvertida norma que impide al Ministerio Público solicitar prisión preliminar o preventiva contra policías en servicio que causen daños o lesiones con sus armas de reglamento.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que la norma no exime a los policías de enfrentar la justicia si cometen delitos. Sin embargo, la abogada penalista Romy Chang advirtió que esta disposición podría malinterpretarse y restringir las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en casos de abuso.
Chang subrayó que esta norma recorta las facultades de la Fiscalía y el Poder Judicial, sugiriendo que una demanda de inconstitucionalidad podría ser necesaria para restaurar la independencia de estos órganos.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado señaló que la norma podría beneficiar a agentes investigados por muertes durante las protestas tras el autogolpe de Pedro Castillo.