En el marco del segundo día de paralización regional, diversas organizaciones sociales y gremios en Puno intensificaron sus protestas en rechazo a la actual administración y en demanda de cambios urgentes en las políticas de seguridad y derechos ciudadanos. Trabajadores de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), la Federación de Organizaciones Populares (FOP), el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), junto a representantes de barrios y mercados, se mantienen firmes en su lucha.
César Tito, representante del SUTEP, criticó duramente al gobierno de Dina Boluarte, exigiendo su renuncia y un cambio en el Congreso: “Esta incapaz de Dina Boluarte debe dar un paso al costado; el pueblo rechaza totalmente a la mafia de Dina y al Congreso. Este proceso va a continuar hasta que se vaya Boluarte y sus lacayos”, señaló. A pesar de la presión económica sobre transportistas y otros sectores que dependen de ingresos diarios, las organizaciones han reafirmado su compromiso con la paralización para visibilizar sus demandas.
Entre las principales exigencias destaca la derogatoria de la Ley 32108, conocida como «Ley contra el Terrorismo Urbano». Según los líderes de las protestas, esta normativa vulnera el derecho a la protesta y criminaliza a quienes expresan su descontento en las calles. Jaime Machaca, vicepresidente de la FOP en Puno, expresó solidaridad con los manifestantes de Arequipa, quienes también participaron en el paro, dejando al menos doce heridos por perdigones, tres de ellos con lesiones faciales.
Además de las demandas políticas, Machaca destacó la creciente inseguridad en Juliaca, donde el sicariato, la delincuencia y las redes de préstamos ilegales «gota a gota» han escalado, representando una seria amenaza para la población. La ola de violencia y criminalidad en la región ha generado un sentimiento de vulnerabilidad entre los pobladores, quienes exigen una respuesta contundente por parte del Estado.