El expresidente Pedro Castillo seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió que se mantenga «vigente» el mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El magistrado declaró infundada la revisión de oficio de esta medida restrictiva que impuso su despacho al exmandatario el 9 de marzo del 2023 como parte de la investigación preparatoria que le inició el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y colusión en perjuicio del estado a raíz de estos tres casos acumulados en un solo expediente.
La defensa legal del exjefe de Estado sostiene que su patrocinado no ha tenido empresas y tampoco organizaciones criminales, menos considerando la modificación legal vigente, por lo que se le debe dictar comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta teniendo en cuenta que se trata de un investigado que se encuentra más de 18 meses privado de su libertad.
No obstante, el juez supremo Checkley Soria determinó que aún subsisten los motivos que sustentaron el dictado de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el plazo de 36 meses en este expediente acumulado.
El magistrado resaltó que la medida impuesta al exmandatario es idónea, necesaria y proporcional al tratarse de un caso complejo y por qué además los niveles de peligro de fuga y obstaculización son elevados.