Mientras el gobierno de Dina Boluarte se prepara para recibir a líderes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC) en Lima, los transportistas, gremios y organizaciones sociales han anunciado un paro nacional y movilizaciones para los días 13 al 15 de noviembre.
Esta medida de lucha busca protestar contra la creciente inseguridad ciudadana, la falta de acción contra el crimen y la necesidad de cambios profundos en el país.
Al respecto, Raúl Samillán, representante de la Organización Nacional de Familiares de los asesinados y víctimas de las masacres 2022-2023 señaló que respaldan la lucha de los transportistas y consideran que sus demandas forman parte del amplio reclamo de diversas organizaciones que buscan justicia y luchan contra la impunidad.
Además, manifestó que tras una reunión desarrollada en Lima el pasado 30 de octubre conjuntamente con todos los familiares de las víctimas durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, acordaron que entre su plataforma de lucha se encuentra exigir la derogatoria de las leyes aprobadas por el Congreso actual y continuar con la exigencia de justicia para las víctimas.
Samillán cuestionó la estrategia gubernamental de deslegitimizar las protestas, recordando las acusaciones de ser «terrucos» y financiados por el narcotráfico, entre otros.
Nosotros no olvidamos que el Gobierno siempre ha tratado de deslegitimizar las luchas del pueblo, no olvidemos que después del 7 de diciembre nos han dicho que nosotros somos terrucos, financiados por el narcotráfico, comunista y otros, ahora es así como llama a los transportistas que convocan estas protestas y es por ello que nosotros, porque igual nos han llamado a nosotros en un momento (…)», lamentó.
La situación política en Perú ha sido tensa desde el 7 de diciembre de 2022. La asunción de Dina Boluarte como presidenta ha generado una revuelta popular exigiendo nuevas elecciones. El paro nacional y las movilizaciones ponen en evidencia el creciente descontento contra el gobierno y el Congreso.