El Poder Judicial fundó en parte la solicitud de la Fiscalía de la Nación y declaró ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.).
Con esta decisión, dicho partido no podrá participar en las elecciones de 2026.
Una vez que el fallo quede «firme», tendrá los siguientes efectos: la cancelación de la inscripción de la referida organización política, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción en el Registro de Organizaciones.
Asimismo, pese al pedido fiscal, la máxima instancia judicial declaró improcedente la solicitud de la inhabilitación (como sanción jurisdiccional de carácter político) contra los ciudadanos que integran la cadena de mando responsables, por la conducta antidemocrática de la organización.
De esta forma se resolvió la demanda presentada por la Fiscalía de la Nación el último mes de julio, en la cual pedían declarar la ilegalidad de la referida organización política por presuntamente promover actividades antidemocráticas y atentados contra la integridad de las personas. Además, argumentaban que Antauro Humala es jefe de facto de la organización política y la puso para promover sus ideales.
LAS RAZONES
Así, el Poder Judicial resolvió en parte el requerimiento fiscal en el que se argumentaba que dicha organización política tiene actividades que son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales.
En su pedido para declarar la ilegalidad del partido, la Fiscalía señaló que dicha agrupación ejecuta “actividades contrarias a los principios democráticos y vulnera sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes)”.
La Fiscalía sustentó su demanda en que el candidato Antauro Humala ha aseverado que, de llegar al poder enviará a fusilar a los expresidentes implicados en actos de corrupción, ya que les aplicaría la figura de traición a la patria.
La Fiscalía hizo alusión al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, el cual menciona que la Corte Suprema de Justicia, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política dentro de tales supuestos, además de terrorismo o narcotráfico.