La Corte Superior de Justicia de Lima ha decidido otorgar una extensión de 60 días al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, y Frieda Roxana del Águila Tuesta.
Esta medida forma parte de una investigación que evalúa posibles delitos contra la administración pública en modalidad de tráfico de influencias, en presunto perjuicio del Estado peruano.
El pedido, planteado por el Ministerio Público, fue aceptado por la Corte y autoriza la indagación de las cuentas bancarias y registros tributarios de los investigados en dos períodos específicos: entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, así como entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.
Este plazo permitirá a las autoridades recopilar y analizar cualquier posible movimiento financiero sospechoso o vinculado al presunto tráfico de influencias.