Un clima de tensión se vive en la Comunidad Campesina de Ancasaya, del distrito de Ilave, donde personal de la Fiscalía Anticorrupción de Puno habría sido retenido contra su voluntad tras constatar que una obra administrada por la municipalidad era ejecutada con ladrillo de contrabando.
La intervención se realizó en el proyecto «Reparación de ambiente de bienestar y apoyo universitario», que se ejecuta con un presupuesto de 898 mil soles en un plazo de 120 días. Entre los trabajos contemplados se incluye la construcción de cercos perimétricos, sistema de abastecimiento de agua potable, entre otros.
Entre los materiales encontrados, la Fiscalía habría hallado 2 vehículos (tráiler) cargado de ladrillos procedentes de Bolivia, lo que configuraría un delito. En respuesta, los fiscales se dispusieron a levantar un acta de constatación; sin embargo, habrían sido presionados y retenidos por un grupo de personas.
En su defensa, la Fiscalía ha solicitado apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan velar por la integridad de los profesionales.
