Sin Fronteras reveló en varios reportajes que el obispo de Juli, Ciro Quispe López, había convertido la casa cural en un centro de presuntos encuentros clandestinos, revelados por personal que fuera de su confianza, con intrigas y arroyos que entretejen historias mundanas.
Además, hemos desvelado hechos que ponen en tela de juicio la honorabilidad que el clérigo tanto mentaba, ello con acciones y dudosos movimientos de los bienes de la Iglesia desviados a una empresa privada en Cusco, o el engaño que hiciera a una fundación europea para sustentar una cuantiosa donación para remodelar el Comedor de la Casa de Retiro de Chucuito, entre otros destapes periodísticos.
En una primera etapa el religioso trató de amedrentarnos, como es propio de él, con cartas notariales pidiéndonos que nos rectifiquemos, sin precisar qué, tal como lo señala la jurisprudencia jurídica.
SINUOSAS GARANTÍAS
Ahora, el prelado acudió a la Prefectura Regional de Puno pidiendo garantías personales en un claro afán de víctima, pese a que no conoce la naturaleza de esos derechos y cuándo se invocan.
El documento suscrito por su abogada Rosy Ayamamani Jiménez, precisa que la solicitud de garantías se debe a que el editor de este medio habría practicado amenaza, coacción y hasta hostigamiento no solamente a él sino a sus familiares y amigos en Juli y otras regiones del país. Y señala que se habría materializado en los diversos reportajes de investigación.
Lo que es peor, y a la vez calumnioso, es que asegura que el responsable de las publicaciones lo “coaccionaba” para que renuncie.
REPASEN LA LEY
El Decreto Supremo 003-2021 precisa que las garantías personales proceden contra hechos de “amenazas, coacción u hostigamiento” personalísimos. Es decir, tiene que haber una acción directa a la persona. El artículo 10.1, inciso “A” establece que los hechos denunciados tienen que ser “verosímiles” a los hechos advertidos. Es decir, hechos objetivos y no simples suposiciones, o percepciones.
¿GARANTÍA O CENSURA?
Los subprefectos o prefectos no pueden coactar el derecho constitucional de expresión e información, pues ante diversos destapes periodísticos bastaría, por ejemplo, que con un pedido similar, la presidente Dina Boluarte se blinde del escarnio informativo.
Ciro Quispe trata de sorprender a las autoridades prefecturales, porque mal interpreta el proceso de investigación periodística con un seguimiento u acoso. El suscrito viajó a Cusco o acudió a la ciudad de Juli, para contrastar información, como parte de la rigurosidad y contraste periodístico. Es por ello, que antes de sacar los reportajes publicados se le llamó, se le buscó, nos contactamos con otros personajes implicados en los reportajes y todo fue grabado.
Ciro Quispe López es un personaje público y desde la Iglesia administra tácitamente la fe de los feligreses, que no debe ser traficada sino defendida desde el púlpito de la verdad.
La referida denuncia linda con ser calumniosa, por lo que nos reservamos derecho de tomar acciones legales porque con patrañas pretenden coactar derechos constitucionales. Inclusive, el Poder Judicial pondera el derecho al honor con el derecho de información.
«Las garantías personales se presentan para prevenir una agresión o ante un peligro inminente frente a una amenaza real y concreta, no se puede instrumentalizar este mecanismo para restringir el derecho de información y expresión que son protegidos constitucionalmente.
El periodismo tiene protección legal para publicar siempre y cuando se trate de información que se haya contrastado y se haya acudido a las fuentes personales o documentales», señaló Cristhian Palomino, abogado de la firma Vox Populi.