En el primer día del paro preventivo de 72 horas en el Valle de Tambo, piquetes han bloqueado varias vías clave, y los agricultores se concentrarán en la Plaza San Francisco para manifestarse. La paralización es una respuesta directa al anuncio de Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú, sobre el inicio de la construcción del proyecto minero Tía María en 2025. El anuncio ha encendido el malestar y la preocupación de los agricultores y pobladores de la provincia de Islay.
El temor de la comunidad se centra en que la operación minera afecte el acceso al agua, vital para la agricultura, que es la principal actividad económica del valle. Asimismo, los residentes temen que el proyecto pueda agravar la situación ambiental, aumentando la contaminación de la zona. A pesar de los compromisos de la empresa, la desconfianza persiste, especialmente porque el proyecto ha generado conflicto social desde el 2009, lo que ha detenido el avance en varias ocasiones.
Durante la asamblea popular del 27 de septiembre en Cocachacra, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, explicó que además de las movilizaciones, el paro afectará la producción agrícola, con la suspensión temporal de la cosecha de papa. Sin embargo, los agricultores están acelerando el trabajo en los días previos al paro para minimizar el impacto en el mercado local e internacional.
El proyecto Tía María ha sido un tema altamente conflictivo en la región. Aunque Southern Perú ha asegurado que no hay inconvenientes con los permisos ambientales y que el proyecto es viable, la población sigue escéptica. La resistencia comunitaria ha frenado la construcción del proyecto en repetidas ocasiones, con enfrentamientos y tensiones entre los pobladores, autoridades y la empresa minera.
La situación en el Valle de Tambo podría escalar si no se llega a un acuerdo entre las partes involucradas. Los habitantes exigen garantías claras sobre el impacto en el medio ambiente y en los recursos hídricos, mientras que la empresa mantiene su posición de que el proyecto no pondrá en riesgo el entorno ni la calidad de vida de los agricultores.
