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Esto dijo la Policía Nacional tras la liberación de Iván Quispe Palomino

Iván Quispe Palomino.

Iván Quispe Palomino.

El comunicado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP) detalla la situación en torno a la detención de Iván Quispe Palomino, quien fue arrestado el 16 de octubre de 2024 durante un operativo en San Juan de Lurigancho. La PNP indicó que la intervención se llevó a cabo tras revisar antecedentes, destacando que «la familia Quispe Palomino está conformada por José, actual mando senderista con operaciones en el Vraem«.

Además, se mencionó que Iván tenía «tres requisitorias vigentes por terrorismo» en distintos años, lo que alimentó las dudas sobre su identidad. Este arresto se produjo en el marco de una declaración del Gobierno que lo identificó como un alto mando de Sendero Luminoso. Sin embargo, dos días después, el Poder Judicial ordenó su liberación al confirmar que no era la persona que las autoridades estaban buscando.

La Policía enfatizó que «para su identificación plena se solicitó el apoyo de la unidad de criminalística«, dentro de los procedimientos técnicos en la verificación de identidad.

Sin embargo, el comunicado aclara que «la requisitoria vigente estaba vinculada al nombre de Iván Quispe Palomino, quien fue detenido, nombre que habría sido utilizado por su hermano, el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino«. Esta confusión en los nombres sería fundamental para entender la detención.

La PNP también se refirió a los antecedentes del detenido, indicando que Iván «confesó ser el enlace nacional entre Lima, el Huallaga y Ayacucho con el Comité Central«, un hecho que llevó a su captura original en 1996. Sin embargo, se subrayó que, a pesar de esta historia, «el Poder Judicial determinó que las acusaciones no eran aplicables a Iván Quispe Palomino«, lo que resultó en su liberación.

El comunicado también menciona que se cumplió con todos los «protocolos de intervención y los manuales de procedimientos policiales«, subrayando que la PNP actúa dentro de un marco legal. La Policía se comprometió a «continuar en la lucha contra el delito y la criminalidad», reiterando su papel en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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