Roger Sucasaca, presidente del Frente de Defensa en Contra de la Contaminación del Río Coata y la Bahía Interior del Lago Titicaca, ha denunciado que las autoridades aún no cumplen con la orden judicial emitida el 21 de marzo de 2024.
Esta resolución exige que las instituciones demandadas, entre ellas la Municipalidad de Juliaca y SEDA Juliaca, detengan el vertimiento de aguas residuales en un plazo de 30 días, lo cual no se ha cumplido hasta la fecha. Sucasaca mostró pruebas que revelan el grave estado del agua del río Coata, el cual no solo contamina el medio ambiente, sino que también afecta a los animales de los pobladores locales.
El presidente del frente ha solicitado que las entidades responsables cierren de inmediato el ingreso de aguas residuales a la cuenca del Coata. Denunció que, a pesar de las advertencias, el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, desconoce la magnitud de la contaminación, afirmando que el agua que vierte por el río Torococha hacia el Coata es natural, cuando en realidad se trata de aguas residuales.
Según Sucasaca, hace una década, los vertimientos ocurrían cada tres meses; ahora, el flujo es continuo, con más de 860 litros por segundo contaminando el río. Esta agua, asegura, es inadecuada para el consumo humano y ha provocado efectos devastadores en la población y su ganado, fuente vital de su economía.
Sucasaca señaló que más de 10,000 habitantes y más de 6,000 animales, entre vacunos y ovinos, se ven afectados por esta situación. En algunos casos, se han reportado abortos en el ganado, presuntamente causados por el consumo de agua contaminada. Además, mencionó que, aunque se les debería abastecer con 42 litros de agua por familia al día, solo reciben 20 litros, lo que resulta insuficiente. La empresa encargada de la distribución de agua, SUMAC YAKU, tampoco estaría cumpliendo con su contrato, y en la última semana no ha habido abastecimiento de agua a la zona.
Finalmente, el presidente del Frente de Defensa instó a la Municipalidad de Juliaca a que construya de inmediato su Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) y advirtió que las entidades involucradas, incluyendo el Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Puno, DIRESA, y la propia Municipalidad de San Román, podrían enfrentarse a procesos judiciales por rebeldía si no toman cartas en el asunto.