La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el impedimento de salida del país para Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, en el marco de una investigación que la vincula con el presentador Andrés Hurtado.
El caso se originó tras las declaraciones de Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, quien afirmó que Hurtado ayudó a su hermano, Roberto Siucho, a obtener la nacionalidad china para no ocupar la plaza de extranjero en el equipo chino Guangshou Evergande. La intervención de Del Águila, quien en ese momento era jefa de Migraciones, habría facilitado este trámite.
El pedido de la Fiscalía se basa no solo en la presunta participación de Del Águila en el trámite de nacionalidad, sino también en un sospechoso incremento de su patrimonio. Según un dominical local, su patrimonio aumentó más del 300 % en solo dos años, pasando de más de 525,000 soles en 2021 a 2 millones en 2023. Este incremento ha levantado sospechas sobre posibles actos de corrupción durante su gestión al frente de Migraciones, sumándose a las razones para la medida cautelar solicitada.
El abogado de Del Águila, Fernando Silva, indicó que su defendida ya ha entregado su pasaporte al juzgado «en aras de una investigación transparente», asegurando que no existe justificación para el impedimento de salida.
“Nos vamos a allanar al pedido, pero consideramos que no está justificado”, señaló Silva, destacando que su patrocinada ha colaborado en todas las investigaciones en las que ha sido convocada.
¿TRÁFICO DE INFLUENCIAS?
La investigación sobre Andrés Hurtado y Roxana del Águila se centra en un presunto tráfico de influencias para agilizar el trámite de nacionalidad china de Roberto Siucho. Según el testimonio de Ana Siucho, Hurtado habría utilizado su relación con la entonces jefa de Migraciones para facilitar el proceso. Aunque la exfuncionaria se presentó inicialmente como testigo, la Fiscalía ha decidido profundizar en su posible implicación en el caso.
Por su parte, la defensa de Del Águila sostiene que no existe peligro de fuga, ya que ella no trabaja en Migraciones desde hace casi cuatro años y ha asistido a todas las diligencias requeridas.
“La Fiscalía no va a pedir detención preliminar, y si lo hiciera, será difícil probar la existencia de peligro procesal”, agregó Silva, confiado en que la investigación no afectará a su cliente.