La Procuraduría General del Estado ha solicitado al Poder Judicial que la suspendida legisladora María Cordero Jon Tay pague S/ 200,000 como reparación civil debido al presunto recorte de sueldo que habría exigido a un trabajador de su despacho en 2022.
La defensa del Estado presentó esta propuesta durante una audiencia virtual celebrada el lunes 23 de septiembre, donde se discutió la responsabilidad civil extracontractual de la congresista suspendida. La solicitud se divide en S/ 100,000 por daño a la imagen del Estado peruano y otros S/ 100,000 por daño a la institucionalidad.
María Cordero enfrenta una investigación preparatoria por el presunto delito de concusión en agravio del Estado, después de que se le acusara de exigir a un trabajador de su despacho la entrega del 50% de su salario durante los meses de marzo a agosto de 2022.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, formalizó esta investigación tras la aprobación del Congreso de la República para levantar la inmunidad parlamentaria de la legisladora y permitir su suspensión.
Durante la audiencia, la defensa de Cordero, encabezada por la doctora Yeni Vicatoma, argumentó que la propuesta de reparación civil carece de pruebas documentales y pericias que justifiquen la suma solicitada, solicitando que el pedido sea rechazado.