Con el fin de reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, se planteó en el Congreso privatizar los recintos a través del mecanismo de asociaciones público privadas, bajo un modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo.
La iniciativa legislativa del parlamentario de Podemos Perú, Juan Burgos, señala que un órgano especializado supervisaría este proceso. Realizaría inspecciones periódicas, solicitaría informes de gestión y también podría aplicar sanciones si se incumplen las condiciones contractuales.
Además, se tendría que establecer auditorías independientes anuales para evaluar la gestión operativo, el uso de los recursos, el respeto de los derechos humanos y la eficacia de los programas de rehabilitación.