La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que validan los resultados electorales en favor de Nicolás Maduro, fue condenada por 11 países.
Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Perú exigen una auditoría independiente para garantizar la voluntad popular, porque los resultados no tienen sustento ni credibilidad.
Los once gobiernos de América y el Caribe habían rechazado la validez de la declaración del Consejo Nacional Electoral porque se impidió el acceso a los representantes de la oposición en el conteo oficial, por no publicar las actas y negarse a una auditoría imparcial.