Tras la clausura de cantinas en el jirón Lambayeque el mediodía del pasado viernes por la Municipalidad de Puno, y tal como lo adelantó Sin Fronteras, estos locales habrían vuelto a atender como si nada y en uno de los casos inclusive con una resolución judicial.
¿CASA O CANTINA?
Los fiscalizadores municipales en coordinación con la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito clausuraron cantinas en la segunda cuadra del jirón Lambayeque, en las puertas N° 253 y N° 261 colocaron un bloque de concreto en una de ellas, en la otra soldaron las rejas y puertas y edificaron un muro de ladrillo y cemento.
Horas después el ciudadano Enrique Sánchez Uhuina, inició ante el Poder Judicial un proceso constitucional de Hábeas Corpus, por la supuesta vulneración del derecho a la libertad de tránsito, en contra de Rocío Arizábal Mendoza, como gerente de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Puno; César Villasante Flores, como subgerente de Actividades Económicas de la MPP; y Ruth Margarita Mamani Apaza, fiscal adjunta de Prevención de Delito de Puno, en su demanda señala que la puerta clausurada era de ingreso al tercer piso donde vivía alquilado, indicando inclusive que ese viernes estuvo encerrado hasta las 11 de la noche sin poder salir.
La demanda fue admitida y el sábado se realizó una constatación a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, a pesar de que los vecinos señalaron que esa puerta de ingreso no conectaba directamente al tercer piso, se determinó declarar fundada en parte esta demanda por violar el derecho al libre tránsito, por ello se ordenó a la comuna retirar el bloqueo.
Lo curioso en la parte resolutiva es que señala «se mantenga la clausura del local intervenido en el área correspondiente», eso no se estaría acatando según señalan los vecinos que han vuelto a ver a los parroquianos de siempre deambulando por la zona y protagonizando los mismos escándalos de siempre.