Un nuevo frente de preocupación se abre en Puno tras las controvertidas declaraciones de José Guzmán Sacaca, presidente de las bases de rondas campesinas de la región.
En una reciente entrevista, Sacaca reveló que los acuerdos entre las rondas campesinas y la minería informal incluyen una condición sorprendente: la restricción de la venta de bebidas alcohólicas después de las 19:00 horas en los establecimientos cercanos, a cambio de permitir la minería informal en la zona. Según el dirigente, esta actividad ofrece empleo a una porción significativa de la población local.
La afirmación ha generado una ola de críticas. El asesor en Derechos Humanos, José Miguel Florez, ha calificado esta postura como complaciente. Florez destaca que las condiciones de trabajo en la minería informal son extremadamente precarias, con niveles de explotación casi equivalentes a la esclavitud, además de un alarmante número de accidentes mortales que a cobrado varias vidas.
La situación es aún más grave considerando que un reciente informe de la Coordinadora Regional de Capital Humano y Social Alternativo coloca a Puno en el cuarto lugar a nivel nacional en trata de personas, vinculada con organizaciones criminales y minería ilegal