“Perú es paria internacional”, con estas declaraciones el exrepresentante del Perú ante la OEA Harold Forsyth, justificó el próximo inicio de una denuncia ante tribunales internacionales en contra de la presidenta Dina Boluarte.
Así lo detalló en una entrevista, en la que lanzó duras críticas contra la gestión de la presidenta y la mínima legitimidad y el proceder de su gobierno ante la avanzada contra derechos humanos que ha emprendido el Congreso de la República, aprobando leyes peligrosas y descartando mociones de vacancia.
Según lo anunciado por Forsyth ya existe en la actualidad una denuncia “que un grupo de ciudadanos peruanos está preparando” contra el gobierno de Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI), la misma que está enfocada en mostrar la presunta “violación sistemática de derechos humanos” de la gestión de Boluarte, ante la inacción del Gobierno hacia las 50 víctimas registradas en diciembre del 2022 y enero del 2023.
“Este asunto no da más. Las cortes de justicia existen para administrar justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un planteamiento que debe ser respondido, pero existe al mismo tiempo algo que se llama la Corte Penal Internacional; (…) donde hay un grupo de ciudadanos del Perú, que nos proponemos presentar una denuncia contra el Gobierno Peruano, y concretamente, de la señora Boluarte por violación sistemática de los derechos humanos en el Perú; y por la existencia de esta gran cantidad de muertos compatriotas”, sentenció el diplomático.
La denuncia, que se basa en las graves acusaciones de violaciones de derechos humanos que se han registrado desde el gobierno a inicios de la gestión de Dina Boluarte, pasaría a ser atendida por el CPI, que es una institución que se encarga de juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (entre ellos, el homicidio calificado —por el que la presidenta es investigada—, la tortura, y la desaparición forzada).
La implicación de una denuncia ante la CPI es significativa, pues podría llevar a altos funcionarios peruanos, incluida la presidenta, a enfrentar acusaciones graves en el ámbito internacional. Esta situación podría derivar en sanciones y llevar al aislamiento diplomático de Perú, afectando las relaciones exteriores y también la percepción y confianza de la comunidad internacional en el gobierno peruano.
Y es que este aislamiento diplomático ya podría haber dado inicio, con la decisión de un total de 16 embajadas de pronunciarse respecto al atentado a la democracia que significa la aprobación del proyecto de Ley que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y que limita la capacidad de las ONG.