A través del Informe de Servicio de Control Específico n° 011-2024-2-1318-SCE, la Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 208 mil a la Municipalidad Distrital de Yarabamba por el colapso de la infraestructura metálica de tres módulos de invernadero que se construyeron de manera deficiente y que tenían la finalidad de producir tomates.
El órgano de control detalló que los servidores de la Municipalidad de Yarabamba otorgaron la buena pro a un postor que presentó documentación carente de veracidad (falsa).
Además, autorizaron un requerimiento que incluía un deficiente expediente técnico y posteriormente recibieron y dieron conformidad al servicio de construcción, instalación y montaje de tres invernaderos con sistema de riego con deficiencias técnicas en su ejecución.
De la revisión a los documentos proporcionados por la comuna distrital, la comisión de control verificó que el postor presentó en su oferta electrónica documentos falsos (contrato de alquiler) para acreditar los requisitos de contar con una oficina administrativa ubicada en Yarabamba, así como constancias de capacitación falsas del personal clave en seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo para el residente o supervisor.
Asimismo, se observó que no se advirtió que la ejecución de las estructuras de las coberturas de los tres módulos de invernaderos no fueron ejecutadas conforme a lo establecido en el expediente técnico; es decir, dichas infraestructuras fueron ejecutadas con modificaciones antitécnicas que no fueron aprobadas por la entidad y sin el debido control de calidad.
También se advirtió que los servidores del municipio de Yarabamba recepcionaron el servicio sin realizar algún tipo de observación a la ejecución y culminación de los trabajos lo que causó el colapsó de las coberturas de los tres módulos de invernaderos que fueron constatados tres días después de la entrega al Agente Económico Organizado (AEO), producto de la acumulación de bolsones de agua de lluvia.
En los hechos ocurridos durante el período del 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2022 se identificaron a cuatro exfuncionarios por presunta responsabilidad penal y a cinco con Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría.