La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes 7 de junio su inquietud por la interferencia del Congreso de la República sobre el resto de poderes públicos.
La organización manifestó a través de un comunicado “su preocupación por información recibida sobre afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho en Perú”.
Añadió que, “la Comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia”.
Detallaron que los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso de la República, tales como denuncias constitucionales, han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político.
“A ello se suman, por lo menos, dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura; y, la otra, a la reorganización de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, que resultaría en la destitución de las personas titulares de los mandatos de dichas instituciones”, señala el comunicado.
Según la CIDH, “durante los últimos años, ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico”.
La Comisión concluyó su comunicado al pedir al Estado demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos, para lo que debe adoptar medidas urgentes.
“El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente”.