Un sesudo estudio sobre la minería ilegal en el continente americano, da cuenta que Madre de Dios y Puno representan las zonas de mayor actividad ilícita, seguidas de localidades en Bolivia (la triple frontera o tripartito: Bolivia, Perú y Chile), así como la frontera norte con Ecuador, Colombia y Brasil.
El abogado y comunicador Cristhian Palomino García, quien maneja la ilegalidad extractiva en esta parte del país, sostiene que estas dos regiones se han vuelto zonas con alto nivel de inseguridad y que incluso han rebasado el control del Estado.
MAFIA Y CORRUPCIÓN
Agrega que, en Puno y Madre de Dios se tiene la presencia de clanes familiares mafiosos que han alcanzado sus dominios a las autoridades que deberían combatirlos. Precisamente, la consultora V&C analistas refiere que «hay control y corrupción de autoridades políticas, control territorial y de rutas para acceder a mercados con mercancía ilícita».
FALTA AGRESIVIDAD
Esta situación es también debido al modesto presupuesto destinado para la reducción de la minería ilegal. «Este estudio estima que el presupuesto llega a 79 millones de soles aproximadamente, con este monto no puede hacerse frente a los más de 23 mil millones de soles en que se valorizan las actividades de minería no formal de oro», compara.
ACTIVIDAD LUCRATIVA
V&C analistas explica que la minería ilegal se ha convertido en una actividad altamente lucrativa, generando más ingresos ilícitos que el propio narcotráfico. «Según datos del 2022, la producción no formal (entre informal e ilegal) representó el 39.3% de la producción nacional de oro, valuado en aproximadamente US$ 4 mil millones», precisa.
FINANCIA DELITOS…
Para Palomino García, este valor anual alcanza los S/ 23,760 millones de soles (equivalentes a unos US$ 6 mil millones), lo que supone una pérdida del 2.5% del PBI. Sin embargo, estos ingresos están sustentados en una red de corrupción, asesinatos, explotación humana, impacto ambiental devastador, contrabando y lavado de activos a través de redes internacionales de empresas offshore.
«Además de representar una amenaza para la estabilidad económica del país, la minería ilegal también socava los derechos humanos y la seguridad de las comunidades locales. Se han documentado casos de explotación infantil, trabajo forzoso, violencia y discriminación contra las mujeres, así como la invasión y contaminación de los territorios indígenas», advierte el abogado.
PROCESO FALLIDO
El proceso de formalización, que lleva más de dos décadas en curso, ha fracasado en su intento de regularizar la actividad minera de pequeña escala, que ahora está infiltrada por grupos ilegales y ha servido como fuente de financiamiento para organizaciones criminales nacionales e internacionales, como el «Tren de Aragua» o el «Comando Vermelho».
«Ante esta grave situación, urge una acción coordinada y enérgica por parte del Estado, la sociedad civil y el sector privado para abordar de manera integral esta crisis, protegiendo los derechos humanos, preservando el medio ambiente y promoviendo un desarrollo económico sostenible y equitativo para todos los peruanos», concluye V&C analistas.
Para revisar el informe ejecutivo del estudio y/o descargarlo, ingrese al link:
https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/abordaje-integral-de-la-mineria-informal-e-ilegal-en-el-peru-resumen-ejecutivo.html.