El representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, consideró que el Gobierno debería afianzar el plan de reparaciones para las víctimas de los fallecidos y heridos que dejaron las protestas en la región.
Indicó que no solo deberían limitar a la entrega de montos económicos, sino que además otorguen bonos de estudios en el Programa Beca 18, y trabajo, ello para intentar suplir el vacío de los caídos el 9 de enero de 2023 y días posteriores, producto de las protestas.
La alternativa será expuesta en una próxima reunión con la Asociación de Víctimas del 09 de Enero de Juliaca, y la organización que agrupa a quienes resultaron gravemente heridos por impactos de bala.
Dicho funcionario sostiene que en coordinación con el Gobierno Regional de Puno y municipios se debe empezar a trabajar para garantizar acceso a educación a los menores que quedaron huérfanos y, becas de estudios superiores.
«No se les puede dejar en abandono a quienes no tuvieron nada que ver con este problema pero que se les ha afectado por la pérdida de su pariente», dijo.
Sustentó su propuesta en que la mayoría de fallecidos o heridos, eran el sostén de su familia, y eran en quienes depositaron sus esperanzas de vida.
Por ejemplo, dijo, el Gobierno Regional, municipios o instituciones públicas podrían destinar algún puesto laboral exclusivo para un familiar directo de la víctima o herido grave.
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas del 09 de Enero, señaló que la mayoría de los familiares padecen de serios problemas de salud y son de condición humilde.
Cabe recordar que el Gobierno destinó un fondo de 50.000 soles para cada familia de los fallecidos y 25.000 soles para los heridos, pero esto solo alcanzó a 47 de los 252 heridos registrados solo en Juliaca. Los demás no recibieron nada.