Al cumplirse un año de las violentas protestas del 9 de enero, gremios sindicalistas vienen organizando una movilización nacional en varias regiones. El objetivo es alzar su voz de protesta contras las masacres perpetradas por militares y policías que han dejado medio centenar de asesinatos en el centro y sur del país. Otro caballito de batalla desde la capital es la minería ilegal.
Las medidas de fuerza son convocadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), aunque informes de inteligencia de la capital refieren que atrás estarían dirigentes del magisterio, la facción radical del Sutep y el Movadef. Las centrales como la CGTP, construcción civil, ronderos y otros gremios, también se aúnan.
El ministro del Interior, Víctor Torres, reveló que se ha dispuesto medidas urgentes “para garantizar una eficiente distribución del personal” en las zonas conflictivas. Añadió que es necesaria una mayor presencia de efectivos policiales en las comisarías, así como de jefes con la mayor idoneidad para este servicio.
PUNO Y AYACUCHO
La CNUL y la CGTP son las organizaciones que centralizan las tareas en torno a estas movilizaciones. Trascendió que en las reuniones participan dirigentes del Movadef, CGTP y del magisterio. Puno y Ayacucho son las regiones donde se observan mayor movimiento.
MINERÍA ILEGAL
En las dos regiones antes mencionadas, a las que se suman Apurímac y Moquegua, se concentra la mayor producción minera. En general, la zona sur fue blanco de los ataques de turbas que tratan de interrumpir la producción para dar paso a ideologías ajenas a nuestro desarrollo.
Además de aportar con el 14% del Producto Bruto Interno (PBI), la minería formal genera empleo directo e indirecto y contribuye en alto porcentaje a la recaudación fiscal.
MARCHAS PACÍFICAS
En tanto, en la ciudad de Juliaca, donde el 9 de enero se registró la masacre más sangrienta del régimen de Dina Boluarte, con 17 civiles abatidos por proyectiles de la Policía, y al día siguiente un efectivo quemado, los deudos y las víctimas de esos acontecimientos han anunciado su deslinde con actos violentos y han asegurados que realizarán romerías, movilizaciones y marchas, pero descartan sumarse a un paro radical convocado por la CNUL.
Sin embargo, precisaron que continúa el desprecio contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.