Al realizar un análisis de la resolución de alcaldía N.º 772-2023-MPT, que aprobó el aumento de sueldos de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), el ex consejero regional Jaime Bautista Aquino dijo que la norma pondría en evidencia una presunta organización criminal dedicada a sustraer dineros del Estado.
Precisó que para ello se habría utilizado diversas modalidades delictivas, defraudando patrimonialmente y generando un daño económico al Estado, al haber participado en un proceso de concertación, pactado y tomado acuerdos entre los funcionarios públicos para emitir la norma municipal para su beneficio.
Mencionó que el comportamiento presuntamente delictivo que se advierte en la norma municipal linda con el artículo 384 del Código Penal que, en la modalidad agravada del delito de colusión, sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años y con una inhabilitación de 5 a 20 años al funcionario o servidor público que interviene directa o indirectamente en razón de su cargo para la contracción de bienes y servicios -que en este caso en particular- es para la contratación de funcionarios de confianza de libre designación y remoción de alta gerencia.
Añadió que esto se agrava cuando es en beneficio propio y directo de los que elaboraron y avalaron la resolución de alcaldía, es decir, con nombre propio para los 36 funcionarios de confianza.
«Si se demuestra que existe una organización criminal generando un perjuicio económico a la entidad, la situación se agrava, pues el funcionario recibiría una pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años, con una inhabilitación perpetua cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe como encargado de ella, tal como lo dispone la jurisprudencia del artículo 384 del Código Penal», explicó.
El abogado precisó que la resolución, que beneficia a 36 funcionarios de la MPT, compromete al señor Luis Torres Robledo y a los regidores, conformantes del concejo municipal del periodo 2015-2018, pues la norma aprobada toma como sustento la ordenanza municipal N.º 006-2016-MPT y el acuerdo de concejo N.º 036-2016-MPT, que fue emitida cuando el actual gobernador regional era presidente del concejo municipal en ese entonces.