Los dos jueces integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de San Román – Juliaca, Richard Condori Chambi y Víctor Alberto Paredes Mestas, fueron separados provisionalmente de la judicatura por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial.
La medida cautelar 656-1-2023, emitida el último 25 de octubre dispone «la suspensión preventiva por seis meses, en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial».
‘EL PESO DEL ORO’
Como se recuerda, estos dos magistrados emitieron un polémico voto, al absolver a una mujer del delito de lavado de activos que estaba presa y a la devolución de los lingotes de oro. El adelanto de sentencia se dio el 25 de agosto del año en curso (tras una década de juicio), con el voto en discordia del juez Milton Huallpa Macedo, quien en la audiencia de lectura del fallo denunció que uno de sus colegas había cambiado su voto, dejando entrever que hubo dinero de por medio.
SON UN RIESGO…
La medida preventiva de la ANC se da luego del informe que emitiera el 28 de setiembre la jefa adjunta de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, Pilar Aguinaga López, quien sustentó suficientes y probados elementos de convicción sobre la presunta falta muy grave «al observar sus deberes previstos en los numerales 1, 17 y 18 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial -Ley 27277-, que constituirían faltas graves previstas en el artículo 48, numerales 4,12 y 14 de la glosada ley».
La suspensión, que según nuestras fuentes es el primer paso para la destitución, también sostiene que Paredes Mestas y Condori Chambi no solo incumplieron tales deberes del PJ, «sino que, con su actuación, restan la garantía que este Poder Judicial debe brindar a la ciudadanía… Existe riesgo de que los citados magistrados investigados, de continuar con su labor en el Poder Judicial, incurran en nuevos actos de similar significación (…). La continuidad en el cargo, constituye un riesgo para la sociedad, quien se ve afectada por las graves irregularidades en que se habría incurrido, circunstancias que mellan la imagen del Poder Judicial».
GRAVES CARGOS
Los dos jueces afrontan tres cargos gravísimos. El primero es sobre la ley de extinción de dominio, que en su artículo 44 señala como obligación del magistrado, servidor o funcionario público “que, en el marco del ejercicio de su cargo o de sus funciones específicas, tenga conocimiento de la existencia de bienes que puedan ser objeto de la demanda de extinción de dominio, está obligado a informar inmediatamente a la Fiscalía de Extinción de Dominio – Ministerio Público”.
LINGOTES DE ORO
15 de octubre de 2013 se incautó once lingotes de oro de alto kilate cuyo peso era de 13.846.9 kilos. Los magistrados jamás comunicaron el hecho a la Fiscalía, en cambio diez años después ordenaron la devolución del mineral valuado en más de S/ 3 millones.
Los otros dos hecho de similar gravedad serían haber intentado inducir al tercer juez (Milton Huallpa) que cambie su voto para absolver, aún cuando este sustentó lo contrario, y también supuestas presiones a la secretaria del Juzgado para que se manipulen actuados de actas y audios en el polémico juicio.
NUEVOS JUECES
Apenas se ejecutó la suspensión, el presidente de la CSJP, Juan Francisco Ticona Ura, prestó juramento a dos jueces supernumerarios que los sustituirán. Se trata de Ángela Diana Flores Flores, en reemplazo de Víctor Alberto Paredes Mestas; y Eloy Huber Huaranca Rodríguez, en vez de Richard Condori Chambi, durante 6 meses.
SE ADELANTARON
Es menester precisar que la Fiscalía de Extinción de Dominio de Puno se adelantó a la ejecución de dicha sentencia y dispuso la incautación de los 11 lingotes de oro, además de las denuncias respectivas. Este despacho tiene facultades expresas conferidas por ley, siendo así que se impusieron a la polémica orden judicial.