El Juzgado Civil de Juliaca, a cargo del juez Andrés Carita Quispe, determinó la responsabilidad de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Gobierno Regional de Puno (GRP), SEDA Juliaca, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Municipalidad Provincial de San Román, por la contaminación de los ríos Torococha, Coata y la bahía del lago Titicaca.
Así lo determinó, en la ejemplar sentencia 183-2023, luego de 6 años en los que los pobladores de la cuenca Coata Dionisio Barreda y Brígida Curo presentaron una demanda acción de amparo en contra de las referidas entidades, por la contaminación de las aguas que consumen, que han provocado graves daños en la salud de sus habitantes y de sus animales.
Además, argumentaron graves violaciones a los derechos humanos, como la dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al acceso de agua potable, derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado, todos reconocidos por la Constitución Política del Perú.
INFORME ‘LETAL’
En el 2018 la Diresa determinó que el agua de los bofedales y los pozos que consumen tienen altos contenidos de arsénico y metales pesados, datos que en el 2020 fueron confirmados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La demanda que data del 2017 evoca el artículo 1° de la Constitución Política del Estado. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; entre otros derechos fundamentales.
PERSEVERANCIA
La sentencia se ha logrado gracias a la lucha de los pobladores de la cuenca del río Coata y al permanente patrocinio de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) en el proceso judicial que tomó casi 7 años.
SENTENCIAN
El juez ha dado 30 días para que el municipio y SEDA Juliaca implementen un sistema de tratamiento y potabilización de agua idóneo, la suspensión inmediata de la vertiente de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento o con deficiente tratamiento en cuerpos de agua del río Torococha, la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, acciones para remediar la dotación de agua potable y servicios sanitarios acordes bajo responsabilidad.
Al MVCS, le impuso que adopten medidas inmediatas para implementación de un sistema para el tratamiento adecuado de aguas servidas.
NO ‘ENVENENAR’ MÁS…
A la Diresa y la Dirección de Salud Ambiental la suspensión de vertimiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en el agua de los referidos ríos e implementación de un sistema para el tratamiento de residuos.
SERVICIOS YA
Al MVCS y municipio San Román, implementen servicios de agua potable para los distritos afectados.
En tanto, al Gobierno Regional, municipios de Puno y San Román realizar atención médica hospitalaria a los pobladores de las referidas zonas.
CALIDAD DE VIDA
Al respecto, el dirigente Dionicio Barreda mencionó que la sentencia está dada tras varios años y que las entidades correspondientes están obligadas a cumplir el mandato judicial.
«La población ha recibido la noticia con mucha alegría, ahora tendrán calidad de vida, por mucho tiempo estuvimos en el olvido de las autoridades (…)», dijo.