En los dos últimos Exámenes de Admisión de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), el personal de la primera casa superior de estudios detuvo a siete suplantadores: el 5 de marzo arrestaron a cinco impostores (de Lima y otras regiones) a punto de dar el Examen CEPRE 2023; lo mismo ocurrió días después, el 18 y 19 del mismo mes cuando pretendían rendir el Examen de Admisión General 2023-I, donde cayeron un profesor de academia preuniversitaria y un estudiante de Medicina.
En ambos casos, los intervenidos fueron entregados a la Policía dando parte a la Fiscalía de turno. Empero, al día siguiente fueron liberados, apelando al principio de oportunidad, es decir ni siquiera fueron procesados ante un juzgado.
Esto motivó la indignación del rector, Paulino Machaca Ari, quien la semana pasada declaró que la UNA decidió invitar a los ronderos para que estos coadyuven en la seguridad y control de incidencias delictivas.
Sin embargo, el último lunes 8 de agosto, la fiscal adjunta provincial en Prevención del Delito de Puno, Margarita Mamani Apaza, cursó el Oficio 375-2023, para intimidarlo que desista de tal decisión.
El documento que lleva el asunto: «Solicitud de información», comunica a Machaca Ari, «el inicio de procedimiento preventivo», y le requiere que remita un informe «donde precise la base legal para la intervención de las rondas campesinas, tanto en la Ley Universitaria, Estatuto Universitario, Reglamento y Prospecto de Postulantes; (…) de ser el caso, la identificación de los ronderos que participan en el Examen de Admisión».
Asimismo, el mismo día, el titular de ese despacho fiscal, Arturo Santander Acuña, le corre traslado la apertura de indagación por 20 días, tras la denuncia del procurador del Ministerio del Interior, Enrique Benites, quien imputa «a no cometer el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado, en el Examen de Admisión programado los días 12 y 13 de agosto…».
LA UNA RESPONDE
Considerando que no infringía la ley, el rector de la UNA respondió los oficios de manera enérgica. Primero, informa sobre la normatividad del referido examen, y luego comunica que mediante “Acuerdo de Consejo Universitario del 10 de julio de 2023, se aprobó el Reglamento del Examen de Admisión General 2023-II, que establece el marco normativo para garantizar un proceso de selección justo, transparente y equitativo… para lo cual se requiere de la intervención de distintas entidades, que tendrán intervención en la prevención, resguardo y control, antes, durante y después del desarrollo del Examen General 2023-II, como son: la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Municipalidad Provincial de Puno, notario público, Reniec y rondas campesinas, además de las dependencias fiscalizadoras a nivel de la Universidad”.
Machaca Ari, recordó al procurador del Ministerio del Interior y la Fiscalía, que “La Constitución Política del Estado, reconoce a las rondas campesinas como un órgano de apoyo a la seguridad…”.
ACLARACIÓN
La autoridad universitaria les deja en claro que “las rondas campesinas de Puno no tienen ninguna finalidad de usurpar funciones a la Policía Nacional del Perú, que tiene por finalidad garantizar y mantener la seguridad, previniendo y combatiendo la delincuencia; la intervención de las rondas campesinas al igual que cualquier ciudadano será apoyar en el control y detección de las mafias organizadas y que tienen actuación en este tipo de procesos de admisión, engañando y estafando a incautos postulantes y padres de familia”.
Finalmente, sostienen que, “a la fecha no tenemos la confirmación de las rondas campesinas para su participación en el Examen General de Admisión 2023-II”, y les recuerda que el personal de seguridad de la UNA– Puno y peritos de Criminalística (Oficri), tienen la función específica de verificar y realizar la búsqueda de dispositivos electrónicos en los ambientes donde se realizará el proceso de admisión, en vías de prevención del delito; asimismo, con la colaboración del Serenazgo Municipal y/o Comités de Rondas Campesinas se establece el orden externo del campus universitario”.