El último 10 de julio la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) convocó al proceso de rotación de personal regional administrativo nombrado sujeto al Decreto Legislativo 276, del ámbito regional, el cual se fue plagando de vicios y actos que discriminaron a los trabajadores de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
La comisión presidida por Narciso Gil Sucasaire, director de Gestión Institucional, retrotrajo el cronograma desde el extremo de la calificación de expediente hasta su culminación del proceso, y dieron resultados preliminares, que perjudicaron a postulantes que se ciñeron a los requisitos y de manera supuestamente arbitraria los declararon no aptos.
Emitiendo un acta plagada de errores ortográficos y actos arbitrarios, se zurraron en el Decreto Legislativo 276 y la Ley de la Carrera Administrativa.
En el segundo resultado preliminar colocaron a dos como no aptos y a otros seis trabajadores que tentaban los mismos destaques, como improcedentes. A estos les comunican que no cumplen con la Resolución de Secretaría General Nº 320-2017-MINEDU. Dicha norma a la letra dice:
«La rotación consiste en la reubicación del servidor al interior de la ‘entidad’…»
Esto se refiere al sector Educación y no a otro, y es que la modificación de la Resoluci6n Ministerial 0639-2004-ED, modificado mediante Resolución de Secretaría General N° 320-2017-MINEDU, aprueba el Reglamento de Rotaciones, Reasignaciones y Permutas para el personal administrativo del sector Educación, norma que se encuentra vigente y es de aplicación para dicho personal bajo el régimen del DL 276.
Sin embargo, esta comisión da a entender que la rotación o reasignación es solo dentro de la Dirección Regional de Educación de Puno, no de su ámbito, dejando de lado al personal de otras UGEL, como si fueran ajenos al sector.
Los postulantes ayer presentaron sus reclamos y anunciaron que esta apelación la tendrá que resolver Servir, debido a semejantes criterios en el proceso. Apelan que el gobernador regional, Richard Hancco, intervenga y exija que se apliquen las normas de manera legal.