Un drama sin fin vive la joven de iniciales M.E.G.R. (23) –con discapacidad mental-, a la que llamaremos “María”. Ella fue violada en Sandia y el 23 de abril fue llevada a un consultorio obstetra donde le malograron el útero para provocar un aborto.
Tras una pésima atención en el hospital le dieron de alta a los tres días (27 de abril), pero de nuevo, convaleciente, fue internada. Esta vez otro ginecólogo le hizo los análisis de rigor.
Debido a daños en su placenta y falta de líquido amniótico, la chica perdió al bebé el 4 de mayo, luego de singulares exequias la criatura fue sepultada en el cementerio de Sandia, el 6 de mayo.
El sufrimiento no terminó, ahora se enfrentaría a amenazas y a la esquiva justicia peruana.
María denunció que el fruto que llevó en su vientre era de Serafín Mamani Apaza (66), quien la ultrajó el día de los muertos (1 o 2 de noviembre de 2022), en el segundo piso del mercado Sandino, donde funciona su restaurante “El Chinito”.
Narró que el 23 de abril, ese sujeto la llevó a un consultorio del jirón Arica con el cuento de tomarle una ecografía, y que el obstetra Daniel Atamari le introdujo un aparato. Con una hemorragia a cuestas, la enviaron al hospital, instruyéndola que dijera que se había caído.
El caso fue denunciado ante la fiscal penal de Sandia, Aydee Quiñones, quien no fue diligente ni actuó con celeridad. A más de mes y medio, la víctima no fue sometida a Cámara Gesell, considerada como “prueba anticipada”.
Recién en la quincena de mayo, la fiscal dispone la detención preliminar del imputado, y desde entonces no se le ha visto en la ciudad de Sandia.
Con letargo, se programó la Cámara Gesell para el 9 de mayo, pero no se practicó. Es así que el 6 de junio la jueza Sara Anccota Cutipa ordenó la diligencia para el jueves 15 de junio a las 14:30 horas e hizo la advertencia que se tomen previsiones para que se cumpla.
¿ARCHIVAMIENTO?
La magistrada dispone además que “bajo apercibimiento en caso de la inconcurrencia de los sujetos procesales de remitirse copias a su control interno y/o superior jerárquico”. Y además que “se declara inadmisible el requerimiento fiscal y su archivo definitivo, para tal fin deberá coordinar el Ministerio Público con el apoderado de la menor agraviada para su concurrencia, toda vez que dicho requerimiento es exclusivamente responsabilidad del Ministerio Público y a cargo de sus medios de prueba”. Esta parte de la resolución judicial deja entrever que la Fiscalía habría pedido el sobreseimiento (archivamiento).
Según el jefe de la Defensoría de Oficio, Víctor Landa Farati, hubo graves omisiones de la Fiscalía, pues tras la muerte de la criatura el 4 de mayo, se activó la flagrancia y debieron requerir la prisión preventiva de Serafín Mamani y Daniel Atamari, imputados de haber provocado el deceso de la criatura de 6 meses.
Landa Farati dispuso que en adelante un abogado de la Defensa Pública asuma la defensa de la víctima. “María” recién tuvo abogado, pues hasta entonces el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Sandia no hizo nada a pesar de que les llegó la denuncia.
PRUEBAS
Trascendió que la Fiscalía no requirió las cámaras de videovigilancia para que sus imágenes contrasten lo denunciado por “María”. Este medio identificó al menos cuatro puntos donde se pudieron grabar las imágenes.
La fiscal lacró el celular de la muchacha, donde se aprecian comunicaciones que mantuvo con el acusado de violación. Hay dos llamadas que hiciera el supuesto violador, el 23 de abril en la noche y otra al día siguiente en la mañana. También otras donde ella es quien llama.
Sin Fronteras dialogó con dos trabajadoras del hospital, las que dijeron haber visto al imputado visitar a su víctima.
“El mismo 23 (de abril), él ingresó a verla, le trajo ropa en una bolsa negra, un buzo, también pañales porque ese día sangraba. No quiero problemas, ese señor me conoce, en su restaurante vamos a comer a diario, también van la Policía, Fiscalía, el propio CEM, entiéndame, no puedo declarar”, sostuvo una de ellas.