Dos servidores públicos se habrían coludido para defraudar al Estado, cobrando de manera ilegal los beneficios laborales de un servidor que falleció semanas antes. Los protagonistas son Celia Gómez Achocalla, responsable de Remuneraciones de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Puno, y Leonidas Bailón Chura, nada menos el auditor de la Contraloría, adscrito a la Oficina de Control Institucional (OCI) del municipio de Juliaca.
Esta sinuosa historia comenzó el 14 de octubre de 2021, cuando murió Héctor Bailón Chura, un trabajador de esa entidad. Dos meses después, Gómez Achocalla se acomidió a gestionar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), sin que los deudos lo solicitaran. Ella contactó a Leonidas Bailón, a quien en tiempo récord y sin cumplir los requisitos exigidos por ley, facilitó el pago de S/ 17 mil 853.
De acuerdo a la norma, los deudos que reclamen esos derechos ante la UGEL deben presentar: sucesión intestada, resolución judicial de declaratoria de herederos inscrita en Registros Públicos y acta de defunción. En el caso de que sean varios hermanos, quien tramita el cobro ha de tener una carta poder notarial elevado a escritura pública.
No obstante, la suma se hizo efectiva en diciembre de 2021 (Informe SIAF), pero hasta entonces ningún familiar ni deudo requirió el pago, pero la UGEL depositó a Leonidas Bailón dos armadas: S/ 14,853.96 y el segundo S/ 3000.
De acuerdo a documentos a los que accedimos, el susodicho hermano del finado, recién el 26 de enero de 2022 mediante escrito 01-2022 presentó ante la UGEL Puno, el pago de las CTS, vacaciones truncas, subsidio por luto y sepelio.
Entonces tampoco había cumplido con presentar los requisitos arriba descritos, dado que solo adjuntó la partida de defunción e indicó que la sucesión intestada estaba en trámite.
La sucesión intestada fue inscrita en Registros Públicos el 7 de marzo. Leonidas tiene otros hermanos: Luciano, Victoria y Juan. Estos jamás le otorgaron una carta poder.
RECIÉN REGULARIZA
El 25 de agosto de 2022, el auditor de OCI dirigió al director de la UGEL Puno, David Cornejo, la “regularización de acto administrativo”.
MUY SERVICIAL…
La responsable de Remuneraciones de la UGEL Puno, Celia Gómez, alegó que efectuó el trámite, porque se acercaba fin de año y no quería que se revierta al Estado, es decir se preocupó sin que le pidieran.
“(…) se ha conseguido comunicarnos con el señor Leonidas Bailón Chura (…) a quien se puso de conocimiento que debe presentar la documentación que corresponde para poder ejecutar el pago”.
SE ENREDA…
A su turno, el aludido funcionario Leonidas Bailón trató de confundirnos con las fechas y dijo que pudo haber un error material ya que la UGEL Puno le depositó el 1 de febrero, después que presentó la solicitud. Esto colisiona con lo que dice la responsable de Remuneraciones, además el sistema del SIAF del MEF arroja que los depósitos se hicieron en diciembre de 2021.
Además, refirió que cuando tenía el dinero en su cuenta les comunicó a sus hermanos que la UGEL “nos han depositado”. Esto no prescribe la ley, y peor aún si no hubo sucesión intestada ni carta poder, es decir no les depositaron sino le depositaron.
SE CONTRADICE
Empero, admitió que el 25 de julio de 2022 (8 meses después) recién les dijo a sus hermanos que le habían pagado.
“Una vez que tuvimos la reunión (con mis hermanos) donde les comuniqué que recibí la CTS de mi hermano Héctor (…), no les gustó la idea que podamos compartir los gastos de sepelio”.
«YO INVERTÍ…»
Dijo que se saltó ciertos trámites, porque él se gastó en los últimos días de su hermano (finado).
“Yo me he hecho cargo de la enfermedad, yo me hice cargo del sepelio de mi hermano, mis hermanos no estuvieron presentes, yo me hice cargo de todo”.
DEVOLVIÓ DINERO
Finalmente, indicó que la ley precisa la regularización de esas omisiones en el pago ilegal, pero acepta haber devuelto el dinero en agosto de 2022.
“En el derecho administrativo hay posibilidades de subsanar (…) Como no tenía carta poder, ha sido un tema de prioridad, de urgencia… por eso se ha devuelto el dinero”.
Lo concreto es que Leonidas cobró indebidamente la CTS de su hermano fallecido sin cumplir los requisitos de ley, en abierta complicidad de una funcionaria de la UGEL Puno, y considera que su inversión debe estar por encima de la ley.