Tacna. La Contraloría General de la República detectó que por falta de supervisión la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) realizó entre 2020 y 2022 la entrega de alimentos a tres comedores populares que no estaban en funcionamiento y continuó con la distribución de productos a otros seis a pesar de no comprobarse que la ayuda llegó a los beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria y Programa de Apoyo Nutricional.
Mediante informe de acción de oficio posterior N.° 008-202-2-0472-AQP la comisión de control detalló que según seis actas emitidas por la propia MPT el comedor Inmaculada Concepción del distrito Pachía estuvo cerrado entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2020, pero siete días después la comuna le entregó 156 kilos de arroz, 24 kilos de lentejas, 24 kilos de pescado enlatado e igual cantidad de fideos y aceite.
El mismo peso y tipo de alimentos fueron entregados al comedor Virgen de Fátima de Pocollay el 17 de noviembre de 2020, a pesar de que la entidad constató seis veces que el lugar permanecía cerrado al público. En tanto, el personal del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión (Midis) halló que el comedor popular Alto Bellavista Camino de la Paz permanecía cerrado en marzo de 2022, y de las averiguaciones realizadas se conoció que el lugar solo habría funcionado una vez durante el año 2021. A pesar de ello recibió cinco veces alimentos crudos para atender a 30 beneficiarios.
FALTA DE SUSTENTO
La Contraloría también evidenció que se entregaron alimentos a seis comedores populares de manera mensual y de acuerdo al número de beneficiarios que atenderían, lo que resultó en una inversión desde S/ 1500 como mínimo hasta un máximo de S/ 17 mil 600. Sin embargo, estas entregas se realizaron progresivamente a pesar de que los directivos de los comedores no presentaron los informes mensuales que permitieran comprobar que los alimentos llegaron a los usuarios finales del programa.
Finalmente se estableció que la Municipalidad Provincial de Tacna no aplicó penalidades económicas a proveedores de productos, a pesar de corroborarse retrasos en la entrega de aceite vegetal y arroz