La primera semana de enero de este año, la Fiscalía Penal Corporativa de Puno inició investigación preliminar contra el expresidente boliviano Evo Morales; el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza.
Este último afrontó los cargos porque el 17 de noviembre recibió a Evo Morales y pidió públicamente que Puno sea incorporado a la Runasur, una organización de pueblos originarios en el continente.
Pero esta no es la única denuncia que lo persigue, pues la Fiscalía de Crimen Organizado le abrió otra investigación, esta vez al lado del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas; y el presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, Felipe Domínguez Chávez.
Los cargos que le imputan son atentado contra la integridad nacional y delito de organización criminal.
Esto a raíz de las declaraciones de Domínguez quien soslayó la posibilidad de que Puno y otras regiones del sur se independicen del Perú.
Esta última denuncia es impulsada por el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros (Avanza País). La primera citación fue en marzo pero Alejo no asistió y la segunda fue reprogramada para el 26 de abril a las 8:45 horas.
Es menester mencionar que Alejo Apaza jamás declaró ni opinó sobre una eventual secesión o separación de Puno, empero la tesis fiscal es que los tres lo planearon.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
El exgobernador sostiene que esto es una vil persecución política y arremetida legal de la derecha en contra de las voces discrepantes al sistema de gobierno.
«Ellos pueden hacer su foro de Madrid, y a nosotros los miembros de los pueblos originarios no; por reunirnos o intentar agruparnos nos quieren meter a la cárcel», expresó, y recordó que ha denunciado por discriminación al congresista Jorge Montoya por llamar «borregos» a los aymaras que intentan ser parte de la Runasur, pero que esta investigación ni siquiera se inicia pese a que las ofensas e insultos de dicho parlamentario están grabados y fueron transmitidos por canales de televisión nacional.