Los dirigentes aymaras ayer mostraron preocupación por la presencia policial en la ciudad de Ilave y exigieron al general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la X Macrepol Puno, que sea sensato si piensa volver a enviar al personal policial, dado que estos días los has visto merodear en lugares estratégicos y no serían “bienvenidos”.
El 19 de enero un policía vestido con polo y chaleco antibalas, enloqueció en el centro de Ilave disparando por doquier y a las ventanas de las viviendas, provocando enfrentamientos que dejaron un muerto y varios heridos. Por la noche otro efectivo, hizo lo propio en la Plaza de Armas de esa ciudad.
Los autoconvocados coincidieron en demandar al alto mando que dé a conocer la identidad de esos policías de manera pública, y el proceso que se le ha seguido, el cambio del personal ya que algunos están muchos años y están ligados a extorsiones y chantajes, y disculpas al pueblo por la afrenta de aquel día.
“Nosotros sabemos que un innombrable lo han enviado a Cusco y a otro lo tienen en Puno; que tengan el valor de dar sus nombres y la sanción impuesta. Nos enteramos que solo han hecho ‘cambalaches’ de un lugar a otro. No debe haber impunidad y la Policía tiene que disculparse, sino que se larguen. Estamos viendo por las callesa esos policías, como chismeando, no se les va a aceptar”, dijo un exsubprefecto de la provincia.
También acordaron estar alertas, dado que contaron que algunas noches han notado movimientos extraños dentro de la Comisaría, aprovechando la lluvia. «Sabemos que no son militares, qué tienen que hacer en una comisaría.Los militares no deben ser alcahuetes y llevar policías y periodistas a escondidas», dijo un dirigente del profesorado.
Cabe precisar que la noche del 19 de enero, la población enardecida incendió la Comisaría de Ilave, oficinas de la Fiscalía, entidades bancarias y otras dependencias. También atacaron y prendieron fuego a la casa del congresista Jorge Flores Ancachi.
DESAGRAVIO
El 5 de marzo, fecha en que seis soldados murieron ahogados en el río Ilave, altos mandos del Ejército Peruano enfilaron sus declaraciones, acusando que una turba de 800 a 900 aymaras los obligaron a meterse al agua. Prácticamente, dijeron que ellos mataron a sus propios hijos.
Los dirigentes de la provincia El Collao, también exigen un desagravio público, ya que ellos mencionaron que los propios soldados testigos de esa tragedia, que no hubo tal ataque, y que desde la ciudad de Juli hasta el río fueron escoltados y ‘arreados’ a que vuelvan a su base en Ilave.