Tras el intento fallido por establecer una Asamblea Constituyente, que le permita la posibilidad de imponer una nueva Constitución a su medida, en las últimas semanas del mes de febrero, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de Ley para modificar el “capítulo económico” de la Constitución.
Así, planean instaurar una “economía popular de mercado”, que no es otra cosa que darle al Estado mayor protagonismo empresarial; es decir, permitirle intervenir ilimitadamente en la economía, sin la más mínima consideración sobre las consecuencias económicas y sociales que generó el Estado empresario en la historia del Perú.
Por ejemplo, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, hacia 1979 las pérdidas acumuladas por las empresas estatales en el Gobierno militar del general Velasco Alvarado ascendieron a US$ 2,481 millones, un 10% del PBI. Demoras extremas en la expansión de la cobertura de telefonía fija a nivel nacional; líneas aéreas de bandera quebradas; pérdidas por más de US$ 3,900 millones en el sector hidrocarburos, entre los años 1986 y 1992; y así podríamos mencionar hechos que evidencian la gestión paupérrima del Estado empresario. ¿No será que el deseo de contar con protagonismo empresarial obedece a la necesidad de contar con mayores plazas para sus partidarios? Recordemos que en los casi dieciocho meses de gestión del presidente Castillo sucedió un copamiento grosero del aparato estatal, con personas poco o nada calificadas para dirigir las riendas de la administración pública.
Fueron más de setenta ministros los que desfilaron por el Ejecutivo de ese entonces, y que la única huella que dejaron fue la de la inoperancia. Por otro lado, si todos estamos de acuerdo en que el Estado debe traducir recursos en servicios públicos de calidad para la población, ¿por qué no pensar en establecer mejoras en el capítulo XIV de la Constitución, referido a la descentralización, las regiones y municipalidades? Salvo raras excepciones, el nivel de autonomía que las autoridades heredaron por Ley solo nos viene dejando cuantiosos recursos sin ejecutarse, ineficiencias, indicios de corrupción, haciendo que las brechas sociales persistan o incluso aumenten. ¿Queremos volver al Estado empresario? ¿O queremos que nuestras autoridades cumplan con sus funciones en beneficio del ciudadano y no de intereses particulares?
*Gerente de Estudios Económicos de ComexPerú