Ayer, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia por 60 días en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, y Puno. En esta última región se ha dispuesto normas específicas como el Art. 1 y 5, en donde se dispone que el control del orden interno se encuentre a cargo de las Fuerzas Armadas.
Mediante Decreto Supremo Nº 018-2023-PCM publicado ayer en el Boletín de Normas Legales, se establece que en Puno los militares tendrán el control de la región. “La PNP mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, excepto en el departamento de Puno, donde el control se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, incorporando a la Policía Nacional del Perú”, expresa la parte final del Art. 1 de dicha normativa.
REPRESIÓN MILITAR
Asimismo, el Art. 2 precisa que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el control del comando unificado entre la Policía Nacional del Perú y el Ejército. Es decir, que los militares comandarán las acciones de control en el marco de las protestas en toda la región altiplánica. Entre ellas, la liberación de las vías bloqueadas, principalmente por pueblos quechuas y aymaras.
Al respecto, el jefe de la Oficina Defensorial del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huamán, refirió que existe el riesgo de que se generen enfrentamientos con resultados fatales entre el personal del Ejército y los pobladores, que anteriormente anunciaron que insistirán en bloquear las vías pese a la represión policial y militar.
“Hay riesgo de que se pueda generar mayores situaciones de violencia, esperamos que no. (…) Exhortamos que puedan realizar su trabajo con mucha sensatez y razonabilidad porque existe una población que está indignada y que se mantienen en protesta. No sería conveniente enfrentarnos entre la fuerza del orden y la población, tienen que hacerlo de manera profesional”, expresó Ticona Huamán.
DEMANDA
El secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Puno (ICAP), Cristhian Palomino García, junto a un grupo de abogados presentaron una demanda contra el Estado en contra del DS. N°009-2023 (declaratoria de emergencia anterior dejada sin efecto), el 31 del presente, argumentando que dicha normativa no cumple con los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para mantener un Estado de Emergencia, por lo que evalúan emprender una nueva acción legal.
“Esta declaratoria es la última opción que tiene el Gobierno para lograr detener un conflicto (…) lo que nos queda es plantear también una acción legal frente al Poder Judicial para que pueda decidir y poner algo de orden en los excesos que pueda cometer el Estado”, refirió, Palomino García.