Unos 205 ciudadanos provenientes de varias regiones del sur del país, que eran albergados al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fueron objeto de excesos y abusos de un millar de policías que allanaron el campus, aplicando el Estado de Emergencia nacional decretado por el Gobierno.
Una tanqueta derrumbó la puerta y entraron lanzando bombas lacrimógenas. También detuvieron a estudiantes en la Residencia Universitaria.
El operativo policial preveía el lanzamiento de los manifestantes que se alojaban en la casa de estudios desde el pasado 18 de enero, pero estos fueron detenidos y tratados peor que criminales.
En los videos difundidos se observa a policías que maltrataban a los intervenidos y otros que se ufanaban haber detenido «terroristas».
El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, detalló que los ciudadanos intervenidos han sido desplazados a las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ambas ubicadas en el Cercado de Lima.
Se dispuso 20 fiscales 8 médicos legistas, a fin de determinar que los intervenidos “no presenten ningún tipo de afectación”. “El Ministerio Público, como defensor de la legalidad, va a actuar dentro del marco de la ley, declaró.
¿DELITO FLAGRANTE?
De otro lado, Alfonso Barrenechea aseveró que los manifestantes, que llegaron a Lima procedentes de Puno y Cusco para participar en las marchas antigubernamentales, habrían actuado “en flagrancia” al ingresar y alojarse en la universidad sin el permiso de las autoridades universitarias.
MÓVIL DEL OPERATIVO
Comentó que la denuncia de la UNMSM sobre el robo de equipos y la agresión contra su personal de seguridad por parte de un grupo de supuestos manifestantes, ha motivado el despliegue policial. “La intervención se sustenta en ambos hechos», aseveró.
