Lima. Ante el crítico panorama político y social que atraviesa el país por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el expresidente Francisco Sagasti planteó el establecimiento de un periodo de dos semanas de calma para que el Consejo Interreligioso del Perú recoja las demandas de los manifestantes y las exponga ante el Consejo de Estado con el objetivo de llegar a un “acuerdo mínimo y aceptable”.
En entrevista con RPP el exmandatario indicó que el Perú atraviesa un panorama en el que ha surgido una “atomización” de puntos de vistas ideológicos que ha ocasionado que un sector “se atrinchere en lo suyo” y se oponga al diálogo. Es en ese contexto que, según dijo, surgen los calificativos de “caviares” o “terrucos”.
“A diferencia de otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay un problema racial entre blanco y negro, en el Perú tenemos una gradación desde el punto de vista étnico muy compleja, muy difícil”, explicó Sagasti. “Tenemos una diversidad de puntos de vista desde las regiones e ideológicos. En vez de ser una polarización, lo que hay es una especie de atomización de posiciones distintas, en las cuales un grupo se atrinchera en lo suyo y no quiere escuchar al resto”, agregó.
INTERLOCUTOR
Al mencionar la complejidad de establecer el diálogo, el exjefe del Estado dijo que es necesario establecer un puente de comunicación liderado por un “interlocutor” que goce de credibilidad y capacidad de “juntar” los distintos puntos de vista. Es por eso que recalcó la propuesta para que el Consejo Interreligioso se encargue de este proceso.
“Lo que planteo es establecer no diría un diálogo, porque en este momento no estamos como para un diálogo directamente, sino unos puentes de comunicación entre diferentes puntos de vista en nuestro país. Cuando no se puede dialogar directamente, sobre todo cuando hay una multiplicidad de puntos de vistas, se busca un interlocutor válido que vaya conversando con los diferentes grupos”, indicó. Agregó que el pliego de reclamos que se recogería debería ser presentado ante el Consejo de Estado para poder articular soluciones a las demandas de la población.